Justicia y Equidad

 

Asunto: Escrito de Queja Impuesto contra: Gobierno de España Motivo: Justicia y Equidad Interesado: Don Miguel Duran Riera, mayor de edad, D.N.I 18.224.006 W, sito en Calle Pere Martel no 14 Bajos, CP 07003 Palma de Mallorca, dirección electrónica juridico@alternativaslegales.es y alternativaslegalesmdr@gmail.com Legitimación: Art 30.1 CE (Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España).

DIGO

Que por medio del presente escrito comparece ante este organismo Don Miguel Duran Riera, compareciendo en nombre propio y derecho, en calidad de interesado, y como mejor proceda en derecho,

EXPONGO

Que el art 24.2 CE, garantiza el derecho a todas las personas un proceso llevado a cabo con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

2 Sin duda ninguna, todos tienen derecho a un recurso efectivo, y ante los tribunales nacionales, art 8 de la DUDH (Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley). El derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional es afirmado por el art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual “Toda persona, cuyos derechos y libertades reconocidos en el Convenio hayan sido violados, tiene derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”. La afirmación de este derecho es la consecuencia de la obligación general de reconocer los derechos humanos protegidos que se impone a los Estados miembros, en virtud del art. 1o. del Convenio. Desde el punto de vista del derecho comparado, el derecho a un recurso efectivo, que encuentra su antecedente en el art. 8o, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es afirmado también en el art 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el art. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el art. 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. El artículo 25 de la CADH estipula que ART. 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

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c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por su parte, el art. 2.3 del PIDCP dispone que cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. El problema proviene de la siguiente forma: Es claro que tanto en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, que hay unas obligaciones formales que el Estado de España INCUMPLE DE POR TODOS LOS LADOS. Recordando, que aparte de lo mencionado, el art 2 del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, Ámbito personal de aplicación 1. El Código será aplicable a todos los funcionarios y otros agentes para los que rigen el Estatuto y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, en sus relaciones con el público. En lo sucesivo, el término funcionario se refiere tanto a los funcionarios como a los otros agentes. Por ello, el art 7 del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, Ausencia de abuso de poder, Los poderes se ejercerán únicamente con la finalidad para los que han sido otorgados por las disposiciones pertinentes. En particular, el funcionario evitará utilizar dichos poderes para objetivos que no posean fundamento legal o que no estén motivados por un interés público.

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Siendo el art 8 del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, que sanciona: Imparcialidad e independencia 1. El funcionario será imparcial e independiente. El funcionario se abstendrá de toda acción arbitraria que afecte adversamente a los miembros del público, así como de cualquier trato preferente por cualesquiera motivos. 2. La conducta del funcionario nunca estará guiada por intereses personales, familiares o nacionales, ni por presiones políticas. El funcionario no participará en una decisión en la que él mismo, o un familiar cercano, tenga intereses económicos. Debiendo de atender el art 11 del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, Justicia: El funcionario actuará de manera imparcial, justa y razonable. Finalmente, diré que el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, garantiza el Derecho a ser oído y a hacer observaciones, 1. En aquellos casos que incumban a los derechos o intereses de ciudadanos, el funcionario garantizará que, en todas las fases del proceso de toma de decisiones, se respeten los derechos a la defensa. 2. Todo miembro del público tendrá derecho, en aquellos casos en los que deba adoptarse una decisión que afecte a sus derechos o intereses, a presentar comentarios por escrito y, en caso necesario, a presentar observaciones orales, con anterioridad a la adopción de la decisión. Este último derecho, viene garantizado por el art 41.2a de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente). Reafirmándome al art 24.2 CE (garantiza el derecho a todas las personas un proceso llevado a cabo con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa). Es claro, que, en España, todos estos derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por derecho Europeos e Internacionales no existe.

5 Al no existir, se produce un atentado de discriminación y un atentado de los derechos de igualdad ante la ley art 14 CE y art 7 de la DUDH (Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación); y además atenta en contra la dignidad y demás derechos inherentes e inviolables que garantiza el art 10.1 CE; encaminados a dar cumplimiento a las garantías de un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad. Teniendo en cuenta, que la Aplicación de las normas jurídicas, art 3.2 del Código Civil (La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita). Teniendo en cuenta, que la Eficacia general de las normas jurídicas, art 6.3 del Código Civil, los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Teniendo en cuenta, que la Eficacia general de las normas jurídicas, art 6.4 del Código Civil, sanciona que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. La cuestión de fondo es la siguiente: Cualquier persona que va a una administración pública de España: Juzgados y Tribunales, se encuentra en un vacío por la falta de una regulación específica nacional que le asegure un procedimiento publico realizado con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Teniendo en cuenta que el art 9.1 CE, garantiza que, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; y que el

6 art 9.3 CE, garantiza el principio de legalidad para obtener seguridad jurídica. Y teniendo la obligación de los derechos sancionados en art 30.1 CE (Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España), Por todo ello,

PIDO Y SUPLICO AL ILUSTRE DEFENDOR DEL PUEBLO

PRIMERO. – Que se tenga por presentado este presente escrito de QUEJA, se dé por presentado en tiempo, plazo y forma. A su consecuencia se sirva para ser admitido a trámite y en base a él y de conformidad al art 29.1 CE, regulado por la LO 4/2001 Reguladora del derecho de Petición, se solicita lo siguiente: Que se regule de forma urgente el derecho del art 24.2 CE (garantiza el derecho a todas las personas un proceso llevado a cabo con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa). Por ello, se Pido y Suplico que para ejercitar estos derechos fundamentales (todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa); se cree un Decreto Ley (art 86 CE); que exponga lo siguiente. A.- Para regular el art 24.2 CE; será garantizado en todos los asuntos judiciales, por medio de un nombramiento de un PERITO JUDICIAL, titular o especialista en materias jurídicas entre otras especialidades del caso en concreto. El cual actuando de forma imparcial elaborará una pericia judicial motivada y expresa en el caso que se le encomiende. Todo ello, obedecerá a garantizar los derechos fundamentales de quien comparezca ante una administración de justicia, buscando una resolución motivada ajustada a derecho. Este derecho fundamental, se formalizará a la entrada de cualquier tipo de demanda presentada ante un Juzgado o Tribunal; y de forma independiente de la Jurisdicción de que se trate. Toda demanda o proceso judicial registrado, será previamente analizada por un PERITO JUDICIAL, a tal fin de examinar y

7 motivar una pericia judicial. La pericia se realizará en un plazo máximo de tres meses a contar desde el día que el Perito Judicial tenga toda la documentación, que le será remitida junto a su nombramiento por sistemas electrónicos homologados por el juzgado o tribunal, u otros sistemas específicos. B.- La Pericia Judicial se realizará en cualquier tipo de apelación o recurso, a tal fin de garantizar el derecho a un proceso realizado con todas las garantías. C.- Con estos procesos su finalidad es asegurar un proceso realizado con todas las garantías y dar el debido cumplimiento a una tutela judicial efectiva art 24 CE; del cual responderá a un recurso efectivo art 8 de la DUDH, art. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, art 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el art. 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; entre otros del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. Por todo ello, pido y suplico al ILUSTRE DEFENSOR DEL PUEBLO; que tenga por presentado este presente escrito de QUEJA y de PETICION art 29.1 CE, y se sirva para INTERVENIR a mi petición para regular y equilibrar los principios de legalidad y seguridad jurídica art 9.3 CE, respondiendo a las garantías de un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, art 1.1 CE, que se debe de asegurar debidamente la dignidad y derechos inherentes e inviolables de todos los ciudadanos art 10.1 CE, en un marco que no exista discriminación y se garantice la igualdad art 14 CE, y siendo que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, art 9.2 CE, de lo cual vincula a los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. SEGUNDO. – Ruego que me remita acuse de recibo.

8 TERCERO. – Me reservo los derechos contemplados en el art 20.1a CE y art 19 de la DHDH. CUARTO. - Solicito por favor que me mantenga informado del proceso, Gracias. Atentamente, esperando una respuesta, se le saluda cordialmente.