ESCRITO DE PETICION

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Asunto: Escrito de Petición amparado por el art 29.1 CE y Regulado por la LO 4/2001 Reguladora del Derecho de Petición. Interesado: Dr. Miguel Duran Riera (Doctorado Internacional en Derecho y Doctorado Internacional en Derechos Humanos); mayor de edad, titular del número de D.N.I 18.224.006 W sito con domicilio profesional en Calle Pere Martel no 14 Bajos, CP 07003 Palma de Mallorca, con números de teléfonos 635.028.778 (Móvil), (Despacho) 971.244.249, email profesional juridico@alternativaslegales.es y particular alternativaslegalesmdr@gmail.com Tema: Creación de un nuevo Colegio Profesional con Competencias Nacionales. Ámbito: Justicia y Derecho Social. Gremio: Amparo de Peritos Judiciales, Mediadores y Árbitros de Justicia. Dirigido a: Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

AL CONSEJERO DIGO

Que por medio de este presente escrito de petición amparado por el art 29.1 CE y Regulado por la LO 4/2001 Reguladora del Derecho de Petición, se persona Don Miguel Duran, con datos identificativos de carácter personal, publicitados ut supra.

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Compareciendo en nombre propio y derecho, en calidad de interesado y como mejor proceda en derecho,

EXPONGO

Que es bastante claro que el art 14 CE, garantiza los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, este derecho viene amplio por el art 20 de la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea, Igualdad ante la ley, Todas las personas son iguales ante la ley, (Derecho Europeo); y ampliado por derecho Internacional al amparo del art 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación); este último derecho se interpreta de conformidad al art 10.2 CE (Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España). Dichos derechos de igualdad, forman en presente caso de los derechos y deberes de trabajar a libre profesión y oficio, tal y como sanciona en plano nacional el art 35.1 CE (Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo), lo amplia en Derecho Europeo el art 15 De la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Libertad profesional y derecho a trabajar 1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada. 2. Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro.

3 3. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. Lo amplia la Carta Social Europea, que las Partes reconocen como objetivo de su política, que habrá de seguirse por todos los medios adecuados, tanto de carácter nacional como internacional, el establecimiento de las condiciones en que puedan hacerse efectivos los derechos y principios siguientes: Art 1 sanciona: Derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes se comprometen: 1.- A reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y 10 estable posible del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo; 2.- A proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido; 3.- A establecer o mantener servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores; 4.- A proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales Continuando con Derecho Internacional. Continuando a nivel internacional; y basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art 23 sanciona: 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2.- Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3.- Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

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4.- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Pues bien; en base a todo ello, es claro y verdadero que el Capítulo tercero de la CE, De los principios rectores de la política social y económica, en su art 39.1 garantiza, que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, a su consecuencia según el art 40.1 CE, los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Entendiendo que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos, art 36 CE; en Plan General Español, tenemos la Ley 2/1974, de 13 de febrero, Sobre Colegios Profesionales, y la Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid. Por ello, se debe de entender que la Constitución no establece un modelo predeterminado de colegio profesional. Solamente impone que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Esta es la interpretación que sigue el Tribunal Constitucional cuando, entre otras, en sentencia 330/1994, de 15 de diciembre, cuando señala que “interesa recordar que la Constitución no impone en su artículo 36 un único modelo de colegio profesional. Bajo esta peculiar figura con rasgos asociativos y corporativos puede englobarse por el legislador estatal, en el ejercicio de su competencia para formalizar normas básicas de las Administraciones Públicas, el artículo 149.1.18 CE, actuaciones bien distintas como son las que corresponden al ejercicio de funciones públicas en régimen de monopolio o de libre concurrencia en el mercado como profesión liberal y como colegiación forzosa o libre. Del mismo modo, no tienen por qué erigirse en los supuestos legalistas de colegiación voluntaria, una inexistente obligación de colegiarse, en un requisito habilitante para el ejercicio profesional. Y es asimismo posible que los colegios profesionales asuman la defensa de actividades profesionales que no configuren en realidad, profesiones tituladas”.

5 Todos estos extremos pueden ser reglados libremente por el legislador estatal, desarrollando el artículo 36 y con cobertura competencial en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Esta sentencia se complementa con la STC 386/1993, de 23 de diciembre, que también señala que en la Constitución no hay ningún precepto que establezca a favor de los colegios profesionales una concreta reserva material indispensable para el legislador, ni tampoco materiales consustanciales a los colegios profesionales. De modo que, como se afirma en la STC 3/2013, de 17 de enero, “el legislador, dentro de los límites constitucionales y la naturaleza y fines de los colegios profesionales, puede optar por una configuración u otra de este tipo de entidades, pues el art. 36 CE no predetermina la naturaleza jurídica de los colegios profesionales”. En el ámbito de los colegios profesionales existe, en definitiva, una amplia libertad de configuración normativa ex art. 149.1.18 CE (STC 84/2014, de 29 de mayo). Pues bien; atendiendo las leyes y los preceptos publicitados, hay una diversidad de profesiones u oficios que no está amparado bajo ninguna tutela de ningún colegio profesional. A la vista de ello diré que, en base al gremio de Justicia, falta lo siguiente: A.- Peritos Judiciales. B.- Mediadores Judiciales. C.- Grafólogos. D.- Árbitros de Justicia y Equidad. Para ello, habría una supuesta solución de agrupar todos estos colectivos de sabidurías superiores o especiales, en la creación de un solo colegio profesional, distribuido en interior en cuatro categorías de profesionales. Entrando en razonamientos de cada profesión diré: Peritos Judiciales: El perito judicial o perito forense es un profesional dotado de conocimientos especializados y reconocidos, a través de sus estudios superiores, que suministra información u opinión fundada a los tribunales de

6 justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen. Existen dos tipos de peritos, los nombrados judicialmente y los propuestos por una o ambas partes (y luego aceptados por el juez o el fiscal), y ambos ejercen la misma influencia en el juicio. Los peritos judiciales son capaces de ejecutar, aplicar y utilizar todas las técnicas y recursos de una forma científica para una adecuada administración de los requerimientos de su campo laboral (recolección de pruebas, aseguramiento, preservación, manejo de la cadena de custodia necesaria para esclarecer la verdad, etc). Mediadores Judiciales o ADR y ODR. – Diremos que son métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR), negociación, arbitraje, mediación, neutral evaluación. ADR; se definen como aquellos métodos de resolución de conflictos de naturaleza exclusivamente contractual y estructura más o menos determinada, en virtud de los cuales, uno o varios terceros, de forma auto compositiva o heterocompositiva, ayudan a las partes a solventar la controversia. Partiendo de esta definición se pueden extraer las características delimitadoras de los ADR, es decir, aquellas que permiten diferenciar a los ADR del resto de métodos de solución de conflictos: A.El protagonismo de la autonomía de la voluntad. B.La naturaleza puramente contractual. C.La flexibilidad. D.La rapidez y reducido coste económico. E.La importancia de los intereses de las partes y. F.La presencia de uno o varios terceros. ODR; son los mismos métodos explicados, con la diferencia que se utilizan medios electrónicos para llevar a cabo las negociaciones de resolución de conflictos.

7 Grafólogos.- Los grafólogos, son los profesionales de la pseudociencia que pretende describir la personalidad de un individuo y determinar características generales del carácter, acerca de su equilibrio mental (e incluso fisiológico), la naturaleza de sus emociones, su tipo de inteligencia y aptitudes profesionales mediante el examen de la escritura manuscrita. Que serviría para diagnosticar el grado de salud o enfermedad física y mental. Entre otras funciones, también son los profesionales del peritaje caligráfico; que es una disciplina de la criminalística con el propósito de comparar escritos y determinar falsificaciones de documentos. Se encarga del estudio y análisis de todo tipo de documentos manuscritos, mecanografiados, impresos o reproducidos, con finalidades para determinar su autenticidad, falsedad, alteraciones o manipulaciones. Este estudio incluye el análisis de escrituras manuscritas y firmas, documentos de viajes e identidad, falsificación de papel moneda y detección de manipulaciones, alteraciones en contratos, billetes de lotería, etc. Dentro del mundo comercial analiza principalmente firmas y evitar estafas por documentos alterados o falsificados. Árbitros de Justicia y Equidad. - Están regulados por la Ley 60/2003 de Arbitraje. El árbitro, en Derecho, es la persona que resuelve un conflicto o litigio sometido a su decisión por las partes interesadas. Es la persona que, desde un punto de vista imparcial, decide a través de un laudo la solución al conflicto, pronunciándose de acuerdo a las normas que las partes hayan acordado (una legislación concreta o incluso a la simple equidad). Para ello, dos o más personas nombran a un tercero imparcial como árbitro de un asunto contencioso entre ellos, para que ella sea quien resuelva el conflicto. Los principios que regulan el arbitraje son: A.- Voluntariedad: Las partes se someten voluntariamente a la decisión de un tercero. B.- Igualdad: Las partes deben ser tratadas por igual, con los mismos derechos y obligaciones.

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C.- Audiencia: Las partes tiene derecho a exponer sus razonamientos, ya sea por escrito o de manera presencial. D.- Contradicción: Las partes, en concreto el demandado, tiene derecho a saber de qué se le acusa. E.- Libertad de configuración del Proceso Arbitral: Las partes pueden determinar el proceso, incluso una vez éste ya haya comenzado, si están de acuerdo. F.- Confidencialidad: Ni las partes, ni el árbitro, ni la Tribunal Arbitral o Corte Arbitral (si la hubiere) pueden hacer público lo que conozcan durante el arbitraje, ni el laudo final. Salvo acuerdo de las partes. Las ventajas son las siguientes: o Más rápido que la justicia tradicional. o Menos costoso que la justicia tradicional. o Más humano y humanitario que la justicia tradicional. o Respecto a los derechos de Igualdad o Equidad entre las partes. o Competencias colegiales de Arbitraje, con la modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, la letra ñ) del artículo 5, pasa a tener la siguiente redacción: «ñ) Impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar funciones de arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.» o Posibilidad de Asesoramiento y orientación gratuitos de conformidad al art 6.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Por todo lo explicado,

PIDO Y SUPLICO AL CONSEJERO DE PRESIDENCIA DE LA

COMUNIDAD DE MADRID

Primero. - Que tenga por presentado este presente escrito de petición, presentado en tiempo, plazo y forma, se sirva para admitirse a trámite, y tras la lectura y gestiones oportunas, se solicita que se dé el visto bueno para la creación de un

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nuevo Colegio Profesional domiciliado en Madrid y con competencia de nivel Nacional, que agrupe a los siguientes profesionales, A.- Peritos Judiciales. B.- Mediadores Judiciales. C.- Grafólogos. D.- Árbitros de Justicia y Equidad. Segundo. - Los nombres que se han pensado por esta del colegio profesional serían los siguientes atendiendo el art 9.1, de la Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid: A.- Ilustre Colegio de Peritos, Mediadores, Grafólogos y Árbitros de Justicia Social. B.- Ilustre Colegio de Justicia Social y Alternativa. C.- Ilustre Colegio de Servicios Judiciales Alternativos D.- Ilustre Colegio de Derechos Sociales y Justicia Restaurativa E.- Ilustre Colegio Corporativo Multidisciplinar Judicial Se solicita de conformidad a la Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid; dé el visto bueno a alguno de los nombres propuestos. Otrosí digo. – Que la finalidad de la creación de este colegio profesional del cual se propone el visto bueno para su creación, es con varias finalidades. La primera; es dar amparo legal a todas estas profesiones publicitadas en este presente escrito. La segunda; es atender a nivel nacional una alternativa legal, rápida, eficaz, humana y humanitaria a una justicia social y sociable, con alternativas de resoluciones eficaces, claras, nobles, rápidas con mejora de no acribillar los bolsillos de los ciudadanos por costes elevados de la justicia tradicional.

10 Ayudar a promover programas basados en DERECHOS HUMANOS y HUMANITARIOS, colaborando con la ejecución de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144. Que en sus cuatro primeros artículos sanciona lo siguiente:

Artículo 1 Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Artículo 2 1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades. 2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén efectivamente garantizados. Artículo 3 El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es el marco jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el cual deben llevarse a cabo todas las actividades a que se hace referencia en la presente

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Declaración para la promoción, protección y realización efectiva de esos derechos y libertades. Artículo 4 Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscabe o contradiga los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas ni de que limite las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos2, de los Pactos internacionales de derechos humanos3 o de otros instrumentos y compromisos internacionales aplicables en esta esfera, o constituya excepción a ellas.

Debiendo de entender, que todo ello, entra dentro del Preámbulo del Marco Constitucional: La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Por todo ello, se entiende que según el art 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; entendiendo que el art 30 de la misma Declaración, garantiza, que nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. Se interpreta de conformidad al art 10.2 CE (Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos

12 internacionales sobre las mismas materias ratificados por España). Por ello, creo que el modelo de Estado social y democrático de Derecho a que se refiere la Constitución española tiene una singular trascendencia sobre el sistema de la Administración pública en general y, por tanto, sobre la Administración General del Estado en particular. En primer lugar, porque el artículo 103 de nuestra Carta Magna consagra, no sólo el principio de legalidad de la actuación administrativa, sino también su carácter instrumental al servicio de los intereses generales. Por su parte, los intereses generales, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, deben definirse a través de una acción combinada con las instituciones sociales y teniendo muy en cuenta los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos de acuerdo con el principio constitucional de participación. Además, el artículo 9.2 de nuestra Norma Fundamental señala claramente que la Administración pública debe remover los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra. Y, por otra parte, el artículo 10.1 de la Constitución dispone solemnemente que el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden político y la paz social. Por eso, la Administración General del Estado, a través de sus diferentes modalidades de actuación debe tener presente que el servicio a los ciudadanos es el principio básico que justifica su existencia y que debe presidir su entera actividad. Entendiendo que este servicio a los ciudadanos exige, además, que la estructura y la planta de la Administración General del Estado se ajusten a la realidad social y, por ello, debe reordenarse en función de los mismos, puesto que tienen el legítimo derecho a saber cuáles son las competencias de cada Administración y a recibir servicios públicos de calidad. Pensando que los servicios a los ciudadanos y a los intereses generales debe estar caracterizado, como ha dispuesto la Constitución, por la objetividad. Es decir, la transparencia en la actividad administrativa debe ser, no sólo una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general del aparato público. Ya que los titulares de los diferentes órganos administrativos no son más que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.

13 Por todo ello, se debe de entender que, junto al principio de legalidad de la actividad administrativa, es conveniente subrayar que también vincula a la Administración General del Estado el principio de eficacia. En efecto, el funcionamiento de la maquinaria administrativa estatal debe adecuarse a la gestión por objetivos y a la calidad como forma ordinaria de prestación de los servicios públicos. Por todo ello, agradecería que se responda a este presente escrito de Petición de forma clara y motivada, para dar el salto a la creación de un nuevo Colegio Profesional, con Fines totalmente Sociales y Democráticos.

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