DERROGACION COLEGIACION

 

AL ILUSTRE DEFENSOR DEL PUEBLO

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Asunto: Escrito de Queja Impuesto contra: Gobierno de España Tema: Art 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. (Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de esta Ley). Motivo: Vulneración de derechos fundamentales y vulneración de derechos de igualdad y no discriminación ante la Ley art 14 CE. Interesado. – Dr. Miguel Duran Riera, mayor de edad, titular del número de D.N.I 18.224.006 W, sito con domicilio profesional en Calle Pere Martel no 14 Bajos, CP 07003 Palma de Mallorca, teléfonos 635.028.778 y 971.244.249, dirección electrónica alternativaslegalesmdr@gmail.com Legitimación: Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España

DIGO

Que, por medio del presente escrito, se persona Don Miguel Duran Riera, compareciendo en nombre propio y derecho, y además en calidad de interesado y como mejor proceda en derecho,

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EXPONGO

Que la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. (Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de esta Ley). Este texto es contratarlo al ordenamiento jurídico y a los derechos de igualdad y no discriminación ante la ley, reconocidos en el art 14 CE y art 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entendiendo que el Defensor del Pueblo se encuentra designado, en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española, como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos recogidos en el Título I de la Constitución, encuadrándose el artículo 14 de la Constitución dentro del mencionado Título I. Y teniendo en cuenta el art 1.1 CE (España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad art 1.1 CE. Y atendiendo que la eficacia general de las normas jurídicas, art 7.2 del Código Civil, sanciona que la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Debo de decir y digo; que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sanciona en su art 12: Toda persona tiene el Derecho de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en el ámbito

3 político, sindical y cívico, lo que supone el derecho a toda persona a fundar con otros sindicatos y afiliarse a los mismos para la defensa de su interés. Continuando en el art 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sanciona: 1.Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2.Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Entendiendo, que todos estos derechos fundamentales, son derechos habilitantes que permite la participación efectiva de los actores no estatales en la política económica y social, y que constituye el núcleo de la democracia y del estado de derecho. Por consiguiente, garantizar la participación y la representación de los trabajadores y de los empleadores es esencial para asegurar el funcionamiento eficaz, no solo de los mercados de trabajo, sino también de las estructuras generales de gobernanza a escala nacional. Debiendo de razonar que el derecho de los trabajadores y de los empleadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes o de afiliarse a las mismas es parte integral de una sociedad libre y abierta. En muchos casos, estas organizaciones han tenido una función significativa en la transformación democrática de sus países. Como se mencionó anteriormente, la libertad de asociación y libertad sindical es un derecho humano democrático consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por lo tanto, reviste una importancia fundamental, que procura «hacer realidad los derechos humanos de todas las personas» (Preámbulo de la Declaración). La meta 8.8 de los ODS hace un llamado a proteger «los derechos laborales de todos los trabajadores»; la meta 16.3 procura la promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional; la meta 16.6 exige la creación «a todos los niveles de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas» (lo cual es esencial para proteger la libertad de asociación y libertad sindical y el derecho a las negociaciones colectivas); y la meta 16.10 requiere que se garantice la protección de las libertades fundamentales. La libertad de asociación y libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva son materia de dos de los ocho convenios fundamentales de la OIT y constituyen un pilar central de esta Organización. Son una contribución importante para los enfoques basados en los derechos. Los RP 2 (normas del trabajo), RP 7

4 (cumplimiento) y RP 10 (trabajadores y empleadores) son de particular importancia para el cumplimiento de los derechos a fin de organizar y negociar en forma colectiva, pero todos los demás resultados en materia de políticas deben promover estos derechos dentro de su respectiva esfera. Ejes de política transversales La Declaración de Justicia Social de la OIT reconoce que la libertad de asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el logro de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT como derechos habilitantes para la consecución plena de todos los demás derechos en el trabajo. Por lo tanto, son ejes de política transversales por derecho propio. El diálogo social tripartito es un elemento central de la estrategia de aplicación del del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) , pues refuerza la capacidad de los mandantes tripartitos para participar en los procesos relacionados con las normas, tanto en el plano mundial como en los países; por ejemplo, haciendo el seguimiento de los comentarios del sistema de control. Las alianzas Los organismos de las Naciones Unidas tienen la obligación de promover las libertades y los derechos humanos fundamentales, incluidos los consagrados en el Convenio núm. 87 y el Convenio núm. 98. La OIT colabora en forma estrecha con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Convenio núm. 87 y el Convenio núm. 98 . La OIT colabora en forma estrecha con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ha designado un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

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Por todo ello,

SUPLICO AL ILUSTRE DEFENSOR DEL PUEBLO PRIMERO. – Que se tenga por presentado en tiempo, plazo y forma este presente escrito de QUEJA, impuesto contra el art 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. (Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de esta Ley). Solicitando que intervenga a mi petición de la cual le formulo al amparo del art 29.1 CE. Y se sirva para intervenir y hacer anular la obligación de colegiación, por ser contrario a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales e inherentes, que son inviolables. Por ser contrario a los derechos de igualdad y no discriminación art 14 CE. Por ser contrario al art 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación). Por ser contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 12: Toda persona tiene el Derecho de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en el ámbito político, sindical y cívico, lo que supone el derecho a toda persona a fundar con otros sindicatos y afiliarse a los mismos para la defensa de su interés. Por ser contrario a un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, art 1.1 CE.

6 Por todo ello, ruego su intervención, interviniendo para derogar la obligación de Colegiación. SEGUNDO. – Me reservó los derechos del art 20.1a CE y art 19 de la DUDH. TERCERO. - Solicito que me remita acuse de recibo y me mantenga informado. Gracias

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