Queja sobre tarjeta profesional Perito Judicial

 

Asunto: Escrito de Queja Impuesta Contra: Gobierno de España y Ministerio de Justicia Motivo: Falta de Regulación de Peritos Judiciales OFICIALES y Falta de TARJETA PROFESIONAL IDENTIFICATIVA. Tema: Incumplimiento del art 8 DUDH y art 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea art 8 DUDH y art 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Legitimación. - Art 30.1 CE (Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España). Interesado. – Dr. Miguel Duran Riera, mayor de edad, titular del número de D.N.I 18.224.006 W, sito con domicilio profesional en Calle Pere Martel no 14 Bajos, CP 07003 Palma de Mallorca, teléfonos 635.028.778 y 971.244.249, dirección electrónica profesional juridico@alternativaslegales.es y particular alternativaslegalesmdr@gmail.com

DIGO

Que, por medio del presente escrito, comparece ante esta institución, Don Miguel Duran Riera, con datos de carácter personal ut supra identificados. Compareciendo en nombre propio y derecho y además en calidad de interesado y como mejor proceda en derecho,

EXPONGO

2 Que dando cumplimiento al art 30.1 CE (Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España), y atendiendo a las obligaciones del art 9 CE; vengo a presentar QUEJA, en contra del Gobierno de España y Ministerio de Justicia. Los Peritos Judiciales; en España, el perito tiene que tener certificados sus conocimientos, por lo que es necesario que aporte un título oficial o conocimientos probados de la especialidad y/o especialización propia de la materia pericial. La Condición del perito judicial según la Ley de L.E.C. tipifica en su artículo 340.1 Aparte de la LEC y LECRIM, falta la regulación de estos profesionales superiores, que trabajan a un altísimo nivel de especialidades superiores. Aparte de ello y al trabajar normalmente por Juzgados y Tribunales, se debería de crear un registro público en el Ministerio de Justicia para registrar dichos profesionales en sus ramas correspondientes y clasificados por sus estudios superiores, especialidades o experiencias profesionales. Es decir, se recomienda lo siguiente: I.- Crear un registro público profesional en el MINISTERIO DE JUSTICIA, donde ser puedan inscribir los peritos judiciales. Dicho registro debería de contar varias áreas de distinción: A.- Profesionales con Titulación Universitaria. Licenciados, Diplomados, Graduados u otros títulos semejantes, independientemente de la universidad o el país donde se hayan cursado la formación. Todo ello para garantizar lo sancionado en art 10.1 CE, art 14 CE y art 7 de la DUDH. Se debería de escribir sus especialidades Ejemplo Primero: Letrados o Defensores Legales Master en Derecho Internacional Master Internacional en Derechos Humanos Diplomado en Derecho Procesal Civil Ejemplo Segundo: Criminólogos Diplomado Internacional en Criminología Master Internacional en Criminología Curso Superior en Mediación

3 B.- Profesionales de formación profesional o de escuelas de formación no universitaria Ejemplo: Curso de XXX C.- Otros Profesionales de Experiencia Laboral Ejemplo: Detalle de la experiencia que se tenga en determinado campo o disciplina Por ello, sería necesario que dichos profesionales de nivel superior estén debidamente acreditados, y que además se expida una tarjeta profesional desde el MINISTERIO DE JUSTICIA, que posea un chip y dentro de sí mismo este gravado todas las especialidades del Perito Judicial. La tarjeta identificativa debería de poner tres categorías A.- Profesionales de Carrera Nacional A+E.- Profesionales de Carrera de Nivel Europeo A+I.- Profesionales de Carrera de Nivel Internacional B.- Profesionales con Formación no Universitaria C.- Profesionales de Experiencia Laboral La tarjeta debería de ir dotada aparte del chip y clase de tarjeta; se debería de especificar los siguientes datos: o Perito Judicial acreditado del Reino de España o Nombre y apellidos del profesional. o Foto del profesional o Número de tarjeta o Identificación de categoría profesional Para la inscripción de los profesionales en el Registro Especial del Ministerio de Justicia, se debería de proceder de la siguiente manera. Los que estén colegiados o asociados a alguna asociación profesional, se debería de tramitar por el colegio o asociación profesional. Los que sean libres, se debería de acreditar mediante el relleno de un formulario especifico y se debería de presentar el formulario junto a los títulos universitarios, títulos no universitarios, vida laboral o cualquier medio de prueba válida en derecho que acredite experiencia laboral, y se debería de presentar en el ministerio de justicia, sedes del ministerio o cualquier otra entidad pública que exista

4 convenio de colaboración para la tramitación documental, ejemplo ayuntamientos. Por todo ello,

PIDO Y SUPLICO AL ILUSTRE DEFENSOR DEL PUEBLO

I.- Que se tenga por presentado este presente escrito de QUEJA, y se dé por presentado en tiempo, plazo y forma, se tenga por impuesto contra el Gobierno y contra el Ministerio de Justicia, por la falta de la regulación de la Profesión Especializada e PERITOS JUDICIALES. Se solicita su intervención, a tal fin de establecer unas garantías de dignidad y derechos inherentes e inviolables art 10.1 CE; para todos los peritos judiciales del REINO DE ESPAÑA. Solicitando que se regule los derechos de plena igualdad ante la ley y la no discriminación art 14 CE y art 7 de la DUDH, para establecer la calidad de servicios profesionales encaminados a dar justicia legal y equitativa en el Reino de España art 1.1 CE. II.- Se solicita que me remita acuse de recibo. III.- Se solicita que por favor me mantenga informado. IV.- Se solicita que dé cumplimiento al traslado de documentos a mi parte, así como lo exige 3/1981. V.- Se solicita que sea respectado el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. Atentamente, agradeciendo su confianza y su profesionalidad, le doy las gracias por atender y dar cumplimiento a las obligaciones del art 30.1 CE (Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España) y a lo que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, art 9.2 CE.