SOLICITUD LEGAL DE LOS PERITOS JUDICIALES CRIMINOLOGO

AL ILUSTRE DEFENSOR DEL PUEBLO Página 1 de 6 Asunto: Escrito de Queja Impuesto contra: Gobierno de España Tema: Peritos Judiciales Criminólogos Interesado. – Dr. Miguel Duran Riera, mayor de edad, titular del número de D.N.I 18.224.006 W, sito con domicilio profesional en Calle Pere Martel nº 14 Bajos, CP 07003 Palma de Mallorca, teléfonos 635.028.778 y 971.244.249, dirección electrónica alternativaslegalesmdr@gmail.com Legitimación: Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España DIGO Que, por medio del presente escrito, se persona Don Miguel Duran Riera, compareciendo en nombre propio y derecho, y además en calidad de interesado y como mejor proceda en derecho, EXPONGO Que, el art 24.2 garantiza un proceso realizado con todas las garantías; y en base a ello es de razón de una verdadera tutela judicial efectiva art 24.2 CE, con los plenos derechos de igualdad ante la ley y no discriminación art 14 CE. El TÍTULO PRELIMINAR, De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal, art 6 del Código Penal, sanciona: 2 1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. 2. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Toda persona, sometida a un proceso penal y todo prisionero, debe de tener el derecho y la oportunidad a tal derecho a su dignidad y a sus derechos inherentes e inviolables sancionados en el art 10.1 CE. Además de los derechos de igualdad y no discriminación ante la ley art 14 CE. Es más que verdadero y claro, que el art 9.2 CE, sanciona que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Por todo ello, toda persona sometida a un proceso penal o ya prisionero, debe de tener todas y cuantas garantías establece la Constitución o el resto de ordenamiento jurídico, que vincula a todos a cumplir de conformidad al art 9.1 CE (Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico); siendo los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, art 53.1 CE; que obedece a los principios de legalidad, publicidad, seguridad jurídica y no arbitrariedad publica, sancionado por el art 9.3 CE. Teniendo en cuenta, que los siguientes artículos: Art 10 de la DUDH.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Art 47 de la CDFUE .- Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido 3 previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Art 14.1 PIDCP.- Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Art 6.1 CEDH.- Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. Todos estos derechos fundamentales e inviolables, son debidamente restringidos por un derecho de interior del pueblo de España. Y por otra parte son restringidos estos derechos por los funcionarios públicos y los abogados de nivel nacional para sus representados, ya que por norma general desconocen la primacía del derecho y el Ius Congens Internacional; Derechos Europeos y Derechos Internacionales. Quien realmente recibe son todas las personas sometidas a un proceso Penal y los Prisioneros, donde una vez y otra vez, son debidamente burlados por ignorancia y por falta de conocimientos de derechos superiores. Teniendo en cuenta la eficacia general de las normas jurídicas, que garantiza que la Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Es claro, que los principios rectores de la política social y económica, art 39.1 CE, se garantiza los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 4 Debiendo de entender por este Doctor Internacional en Derecho Y Derechos Humanos; que las Medidas constitucionales de protección; es de pleno derecho la aplicación de su garantía: Entendiendo que el Defensor del Pueblo se encuentra designado, en virtud de lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española, como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos recogidos en el Título I de la Constitución, encuadrándose el artículo 39 de la Constitución dentro del mencionado Título I. Por lo tanto; el artículo 39 de la Constitución Española se integra dentro del Título I de la Constitución, prohibiéndose la adopción de Decretos Leyes que afecten a los derechos, deberes o libertades recogidos en dicho Título I, aun en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad en los que, para la regulación de otras materias, sí resulta procedente recurrir a los Decretos leyes (art. 86.1 de la Constitución Española). Entendiendo que el artículo 39 de la Constitución Española se integra dentro del Capítulo III “De los principios rectores de la política social y económica” del Título I de la Constitución, disponiendo el artículo 53.3 de la Constitución que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el mencionado capítulo informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sin embargo, dichos principios sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (artículo 53.3 de la Constitución). Teniendo en cuenta que el Ilustre Defensor del Pueblo, es el máximo garante de tutela de los derechos fundamentales de todas las personas; creo que no puede pasar por alto o por desapercibido hacer garantizar las garantías de igualdad y no discriminación ante la ley art 14 CE, para tutelar la dignidad y derechos inviolables de todos los ciudadanos. Por todo ello, SUPLICO AL ILUSTRE DEFENSOR DEL PUEBLO PRIMERO. – Que tenga por presentado este presente escrito de QUEJA, presentado en tiempo, plazo y forma; se sirva para 5 admitirse a trámite y a su consecuencia se solicita lo siguiente. A.- Que se regule por ley, que en todo proceso penal y para evaluar la peligrosidad del ciudadano-a; será evaluada por un PERITO JUDICIAL CRIMINOLOGO; todo ello respondiendo a un proceso realizado con todas las garantías art 24.2 CE, a una tutela judicial efectiva art 24.1 CE, a los derechos de dignidad y demás derechos inherentes e inviolables art 10.1 CE, y a los derechos de igualdad ante la ley y no discriminación art 14 CE, con la finalidad de garantizar los objetivos de un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, art 1.1 CE; mas lo que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, art 9.2 CE. B.- Que se regule por ley, que en todo Prisionero-a, será evaluado su peligrosidad por un PERITO JUDICIAL CRIMINOLOGO, ya sea a petición del prisionero o cada vez que se deba de clasificar el grado del prisionero. SEGUNDO. - Se solicita, la ampliación del art 6 de la Justicia Gratuita, para que contemple este derecho fundamental en Justicia Gratuita, amparando al art 119 CE (La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar). TERCERO. – Se solicita que promueva un Real Decreto Ley de conformidad al art 86.1 CE, por extraordinaria y urgente necesidad de garantizar a todas las personas sometidas a un proceso penal o a los prisioneros, los derechos fundamentales de un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, art 1.1 CE. CUARTO. – Se solicita que dé traslado de este presente escrito a la Defensora del Pueblo Europeo; para que con su ayuda pueda acelerar promover las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en base a lo publicitado en este presente escrito. 6 QUINTO. – Se solicita que se comunique al SENADO, la necesidad urgente de promover un Real Decreto Ley de conformidad al art 86.1 CE, para atender a los artículos 1.1,9,10,14,24,53.1, todos de la CE; y en base a lo publicitado en este presente escrito. SEXTO. - Me reservo los derechos sancionados en art 20.1ª CE y art 19 de la DUDH. SEPTIMO. – Ruego por favor que respecte el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. Gracias